La organización agraria Asaja ha solicitado a la Junta de Castilla y León que impugne cualquier ordenanza municipal que frene el desarrollo ganadero e invada competencias de otras administraciones, y de forma concreta ha pedido la impugnación de la ordenanza de vertido de purines en Tábara (Zamora).
Asaja de Castilla y León ha informado este miércoles, a través de un comunicado, de la petición que ha trasladado al Gobierno regional para que, bien sea en la vía administrativa o en la judicial, impugne la ordenanza que regula el vertido de purines, estiércol y otros residuos procedentes de fuentes de origen ganadero en Tábara.
A juicio de la organización agraria, esa nueva normativa municipal resulta «desproporcionada» y además excede las competencias municipales.
Por ello, ha pedido que se extienda esa refutación a otras ordenanzas similares que puedan promoverse en otros municipios de Castilla y León.
La ordenanza aplica una tasa extraordinaria a las instalaciones anejas a las naves ganaderas instaladas o que puedan hacerlo próximamente en su término municipal.
Esa tasa es para Asaja «desorbitada» y supone además «una usurpación de las competencias» en la regulación de este tipo de explotaciones, cuyas características y funcionamiento está definido en la normativa sectorial nacional y autonómica.
Al respecto, Asaja de Castilla y León ha recordado que la normativa estatal y autonómica sobre este tipo de explotaciones ya es «especialmente restrictiva» con la ganadería intensiva, sobre todo con la de porcino.
Asaja ha dirigido un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para advertir a la administración autonómica sobre esta suplantación competencial.
Para la organización agraria, lo que este tipo de ordenanzas pretenden es expulsar en la práctica a la ganadería de determinados municipios, en lugar de regularla de una forma sostenible.
Asaja ha cifrado en más de 30.000 euros lo que tendría que abonar por esta tasa una explotación ganadera familiar en la que trabajen dos personas, una cifra que haría inviable el proyecto y que en la práctica impide la puesta en marcha de la empresa.
Al respecto, ha subrayado que las explotaciones ganaderas ya tienen que cumplir unas «exigentes normas legales en múltiples ámbitos» para que se autorice su instalación y deben adoptar las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de impacto en el medio ambiente.
Del mismo modo, tienen que contar con el preceptivo informe favorable de impacto ambiental de la comisión territorial de medio ambiente cuando el tamaño o tipo de producción ganadera así lo requiera y deben cumplir exigencias de almacenamiento, transporte y vertido de purines, estiércol y otros residuos.
Por ello, Asaja ha sostenido que el Ayuntamiento de Tábara, con esa ordenanza, se ha arrogado competencias que no le pertenecen y ha utilizado para ello justificaciones que no se sostienen, lo que crea un «peligroso precedente».
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