El Estado español desbancó en 2015 a Alemania como primer productor de porcino en el continente, tras aumentar un 6,8% su cabaña y alcanzar los 28,37 millones de cerdos. Mientras Alemania reducía su censo en un 2,8% tras el cierre del mercado ruso y la explosión de la “burbuja porcina” que ha saturado el mercado con la consiguiente caída de precios, la Comisión Europea puso en marcha ayudas el pasado verano para el almacenamiento privado –congelar la carne durante 90 días en lugar de sacarla al mercado- y España retiró más de 15.000 Tm para retrasar la hecatombe tres meses. En Europa, un kilo de carne de cerdo se paga a 0.90 cts. y tiene un coste de 1.15€. Una granja media de puercos perdía en torno a 4.000€ a la semana en 2016, según datos de El Periódico de Catalunya.
En este contexto, lo lógico sería la disminución progresiva de la cabaña, pero el fenómeno es exactamente el contrario. Catalunya, Aragón (las dos grandes productoras, con 7 millones de cabezas cada una, en números redondos, el 50% de la cabaña estatal) y otras CCAA –sobre todo Castilla la Mancha- siguen hinchando la burbuja. El hecho diferencial es el sistema integrado de explotación. El experto británico en porcino, Stephen Howarth, calcula que en el Estado español cerca del 60% del sector está integrado: es decir, que las granjas son propiedad de empresas que tienen fábricas de piensos y sus propios mataderos. El titular solo pone el terreno y el agua, y el territorio se hace cargo de los excrementos (purines). Con ello consiguen unos márgenes superiores.
A la par de este fenómeno se produce otro, que es el de la saturación de comarcas enteras, sobre todo en Lleida y Huesca donde no se permite el aumento de la cabaña, pues sus efectos no son asimilables por el ecosistema (los purines son contaminantes). El Segriá y Osona en Lleida y el Baix Cinca-Bajo Cinca o la Litera-Llitera en Huesca serían algunos ejemplos.
Por eso, las grandes transformadoras buscan su expansión en territorios cercanos y han puesto al Pirineo en su punto de mira. Sin embargo, el sector turístico, las asociaciones ecologistas y la población local en general han tocado a rebato contra estas integradoras, que supuestamente estarían detrás de las decenas o centenares de solicitudes de granjas intensivas de porcino en Aragón, Catalunya y en Navarra, que no está del todo al margen.
En la jornada técnica sobre el porcino celebrada en mayo de 2016 en Pamplona, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, destacaba el “margen de crecimiento que todavía tiene este sector”, que supone el 25% de la ganadería navarra y mantiene 1000 empleos directos (en Zona Media, Ribera y Tierra Estella, fundamentalmente), y llamaba a buscar “la máxima eficiencia y una economía de escala”. Las pequeñas explotaciones de la zona norte pirenaica, vinculadas a los caseríos, tienen para Elizalde “difícil encaje en los sistemas híper-productivos que se imponen en la actualidad”. La consejera subrayó “la necesidad de crear alianzas comerciales entre integradores y mataderos, y el crecimiento de las integradoras grandes en perjuicio de las pequeñas y de los ganaderos no integrados”, decía en nota de prensa.
Las 87.556 granjas existentes en el Estado (2015) dan trabajo a unas 200.000 personas (2,3 trabajadores por granja). Las macro explotaciones integradas que se abren hoy tienen 2.000, 3.000 o 4.000 animales como mínimo. Al parecer, las pequeñas y no integradas están condenadas a desaparecer.
En La Jacetania y la Hoya de Huesca (Aragón) han surgido dos plataformas: “Stop Cerdos Berdún” y “Loporzano SIN Ganadería Intensiva”. En el caso de Berdún, el ayuntamiento –apoyado por el sector turístico y la plataforma- denegó siete permisos a otras tantas granjas en su término municipal –14.000 animales que sumar a los 3000 existentes en una localidad con 350 habitantes- y los promotores han presentado un recurso contencioso administrativo pendiente de resolución. Los ganaderos subrayan los puestos de trabajo que crearían y su libertad para generar riqueza allá donde la haya. Los opositores recalcan la falsa relación coste-beneficios en un territorio casi virgen.
Según portavoces de Stop Cerdos Berdún, la concentración de porcino se estructura en un baremo de 1 a 5. Algunas comarcas leridanas y oscenses están en nivel 2 (la media de la provincia de Huesca es nivel 3), pero las comarcas pirenaicas están en nivel 4 o 5. Al ser una zona de menor riesgo “supone menos tratamientos profilácticos y menos medicación para los animales, lo que reduce los costes para la integradora. Por eso buscan nuestro territorio.”
La población local cree mayoritariamente que no es compatible el turismo con el mal olor que desprenden las granjas y sus purines (cada cerdo genera entre 4 y 7 litros de purín al día); y el movimiento ecologista, por su parte, lleva décadas advirtiendo de la contaminación por nitratos de suelos y aguas subterráneas, y de los perjuicios sociales, sanitarios y ambientales de la ganadería intensiva, en general, y de la porcina, en particular. En 2005, Ecologistas en Acción, usaba datos de la Agència Catalana de l’Aigua para denunciar que el 40% de los pozos de zonas ganaderas estaba contaminado y 66 municipios catalanes tenían que buscar suministro alternativo de agua potable por la contaminación de los que utilizaban. Una década después, en el Estado español hay cinco millones de cerdos más.
Fuente: Pirineo digital