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El sector porcino se encuentra en el ojo del huracán tras la inminente entrada en vigor del Real Decreto previsto para el 9 de marzo. Las organizaciones ASAJA Huesca y ASAJA Lleida han unido sus fuerzas para denunciar medidas que consideran excesivamente restrictivas y desalineadas con la normativa europea, lo que, según ellos, supondría un duro golpe a la producción y a toda la cadena de valor.
Una normativa que reduce la carga ganadera
El Real Decreto impone nuevas exigencias de bienestar animal en las explotaciones porcinas españolas y establece la reducción del número de animales por superficie de explotación. Según Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Huesca, la aplicación de esta normativa supondría una reducción entre el 10 y el 15% de la carga ganadera, lo que se traduce en la pérdida de aproximadamente 800.000 animales en el transcurso de un año. Este recorte impactaría directamente en la producción, estimándose una merma drástica de cerca de 80.000tn de carne.
Impacto en toda la cadena del porcino
El efecto de esta normativa no se limita únicamente a los ganaderos. Solanilla advierte que la medida repercutiría en todo el entramado relacionado con el sector porcino:
- Industria: Se prevé una menor disponibilidad de producto para el procesamiento, lo que afectaría a la transformación y a la industria cárnica.
- Logística: La reducción en la producción comprometería la capacidad de exportación, especialmente en un contexto en el que ya se han perdido alternativas de salida.
- Fabricación de piensos: Menor actividad ganadera también repercutiría en la demanda de insumos, afectando a las fábricas de piensos.
Las pérdidas económicas para el sector han sido estimadas en torno a los 150 millones de euros, cifra que refleja la magnitud del impacto previsto si la normativa se aplica sin cambios.
La demanda de una moratoria para adaptarse
Ante esta situación, ASAJA ha solicitado al Gobierno una moratoria en la aplicación del Real Decreto del porcino. La petición consiste en posponer la entrada en vigor de la normativa, para dar tiempo a que las explotaciones se adapten a los nuevos requisitos, hablando de extender la moratoria hasta el 31 de diciembre del presente año. La intención es evitar que la normativa española resulte más restrictiva que la europea, situación que consideran ilógica y perjudicial para la competitividad del sector.
Movilizaciones en puerta
La alerta emitida por ASAJA no se queda en palabras. Las organizaciones han dejado claro que, en caso de que la moratoria no se aplique y el decreto entre en vigor sin las modificaciones solicitadas, se prevén movilizaciones por parte de los afectados. Esta medida de presión busca evitar no solo la merma en la producción y la consecuente pérdida de competitividad, sino también asegurar la viabilidad de toda la cadena productiva y de los sectores colaterales implicados en la industria porcina.
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