La Autoridad de la Competencia del pais galo está tratando de arrojar luz sobre un nuevo cartel que se establecería alrededor del jamón, un posible acuerdo entre los industriales del sector. En total, hay 14 empresas que estarían en la mira de la institución, que acordaron el precio de las carnes entre 2011 y 2013, desempeñando un papel en diferentes etapas de la cadena. Entre estas empresas, se encuentra Fleury Michon, la antigua Financière Turenne, Lafayette (William Saurin, Paul Prédault), el gigante Nestlé, Celtic Salaisons (que producen para Intermarché), Campofrio Food, que posee la marca Aoste, Coop Group, una cadena de supermercados suiza, que también cotiza en el comercio mayorista a través de Transgourmet y Bell, la compañía Salaison Polette en Auvernia.

Más particularmente, la investigación se centra sobre los productos de charcutería (jamón, tocino, salchichas, etc) que se venden en supermercados, bajo etiqueta privada o de primer precio. La industria de delicatessen habría acordado los precios tanto con la compra, en los suministros a los mataderos de cerdos, como con la venta con los distribuidores, utilizando unas empresas para comprar, y otras para la venta. Prácticas que habrían ocurrido entre enero de 2011 y abril de 2013.

La Autoridad de la Competencia, solo confirma que un archivo está actualmente en investigación, investiga el tema por más de cinco años. Es una empresa del sector del suministro que había alertado en 2012 al solicitar el indulto a la Autoridad. A continuación, se realizaron varias búsquedas entre los industriales para buscar evidencias de prácticas irregulares. “Al mismo tiempo que variaban las cotizaciones del jamón de los mataderos a la baja, aumentaban los precios con respecto a sus clientes de los supermercados, extendiendose esta segunda práctica a la todos los productos delicatessen”, especifica una sentencia del Tribunal de Apelación de París que informa sobre el caso, el cual espera una decisión para mediados de 2019.

El sector agroalimentario ha estado en la mira de la institución durante algunos años,  condenando a los productores de otros sectores en 2012, con multas de 3,6 y 242 millones de euros, y en 2015 con 192 millones de euros.

La Autoridad de la Competencia confirma la existencia de un “dossier en instrucción”, pero no desea hablar sobre un caso en curso. Envió avisos de agravios a la industria, algunos de los cuales han respondido. Entre los investigados, Campofrio Food, ha solicitado un procedimiento de indulgencia, como lo exige la ley, a fin de reducir su sanción a cambio de información.

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