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Los ganaderos de porcino ibérico en extensivo, uno de los colectivos más perjudicados por el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos

Una de las luchas que el campo español lleva librando desde hace años es la de conseguir reorientar las ayudas de la PAC destinadas a los recintos de pastos para que la superficie que está bajo un árbol y la que ocupa la vegetación arbustiva cuente a la hora de calcular las subvenciones.

La problemática, según recuerda el responsable de Comunicación de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, Pedro Herrera, tiene su origen en la creación, por parte de la Unión Europea (UE), del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), cuyo incumplimiento, por cierto, conlleva la imposición de multas millonarias a los Estados miembros.

España se enfrenta, de hecho, ahora, a una multa de más de 260 millones de euros y regiones como Extremadura y Andalucía ya han mostrado su negativa a abonar la parte que se les demanda, con amenazas incluso de llevar el caso a los tribunales; Bruselas pide que se le devuelvan las ayudas cobradas de más.

Pero, ¿qué es el CAP?. Bajo esas siglas se esconde un porcentaje que refleja cuánta superficie de un recinto es admisible para recibir ayudas destinadas a los pastos, por lo que un 0 % de CAP significaría que ninguna parte del terreno se admite para la recepción de subvenciones y un 100 % equivaldría a que todo el terreno computa para recibirla.

Para calcularlo, se tienen en cuenta varios factores: pendiente del terreno, suelo y vegetación.

La pendiente es un factor excluyente ya que toda zona de la parcela que tenga una pendiente media superior al 100 % no computa para el cálculo del CAP al entenderse que los animales no pueden pastar ahí, según señala.

Donde se encuentra la polémica es realmente en esos suelos de la misma parcela con una pendiente inferior al 100 % pero que están ocupadas por arbustos o situados bajo un árbol, explica Herrera, porque con el actual CAP no cuentan para las ayudas y, sin embargo, son zonas pastables para los animales.

El cálculo se hace con las fotos por satélite de las parcelas, de tal forma que «toda aquella zona que -en base a la lectura de la foto aérea- no se vea ocupada por hierba» no recibe ayuda, incide.

A su juicio, con este cálculo se penaliza a suelos ricos en arbolado y vegetación baja que son aprovechados por ganadería extensiva y por tanto «tienen un uso real».

La solución pasa porque los socios de España en la Unión Europea «se den cuenta de que en el país no hay sólo prados verdes como en centro o norte-europa» y de que estos sistemas arbolados y arbustivos también proporcionan alimento a los animales y tienen «importancia» para la conservación de la cultura y del medio ambiente.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, el técnico especialista en este área, José Antonio Paz, detalla que las comunidades autónomas han conseguido «minimizar» en la «mayoría de los casos» las consecuencias negativas de este CAP a través de compensaciones con otras partidas a los afectados.

No obstante, Andalucía, con sus zonas densas de dehesas, ha sido una de las más perjudicadas, con reducciones de hasta el 40 y el 50 % de la superficie admisible para las ayudas, según apunta.

El responsable de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, al igual que Herrera, apuesta por que la Comisión Europea «entienda la casuística» española y que las autoridades del país «sean capaces de trasladarlo al ámbito comunitario».

López lamenta que el CAP siga calculándose con los mismos criterios a pesar de que ya ha habido alguna visita de inspectores europeos a España a los que «se les ha explicado y han podido ver» estos particulares ecosistemas peninsulares.

Los ganaderos de porcino ibérico en extensivo son uno de los colectivos más perjudicados y el responsable de este área en COAG, Enrique Acción, pide un análisis «eficaz» sobre qué superficies son pastables por el ganado.

Asimismo, demanda estudios «reales» de las características de cada finca sobre las que haya que calcular el coeficiente y atender a las «discrepancias que surjan con los propietarios de los terrenos o los ganaderos».

El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, califica de «muy grave» este problema y acusa al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) de «no haber sabido justificar bien» ante Bruselas el modelo de «bosque mayoritariamente mediterráneo que hay en el país».

Santalla insta asimismo a que España «justifique y convenza» a las autoridades comunitarias porque, si no se soluciona este problema, habrá perjuicios «a todos los niveles».

En Extremadura

Desde la Comisión Europea se le reclama en la última multa 79 millones de euros cobrados en ayudas PAC, y que no corresponderían según la última reglamentación de la misma.

La declaración de superficie que la región hizo en su día incluía la recogida bajo los árboles o con fuertes pendientes, no contempladas en la nueva redacción de la política comunitaria.

Fuente: El diario


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