El Congreso de los Diputados ha ratificado esta mañana el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá, con el voto a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, PNV y Coalición Canaria.
El Pleno ha rechazado la enmienda de totalidad presentada por Unidos Podemos al Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y los estados miembros, y la propuesta de requerir al Tribunal Constitucional que declare si existe o no contradicción entre este acuerdo y el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución.
Según el texto de la enmienda, el CETA implica una forma de cesión de ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ya que prevé la existencia de una estructura institucional dotada de funciones y, en su regulación de la “solución de diferencias”, incluye un Panel arbitral con atribuciones que podrían conllevar la renuncia al ejercicio de funciones jurisdiccionales.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera una grave irresponsabilidad esta decisión porque pone en peligro el modelo social y profesional de agricultura de la UE y la apuesta estratégica de nuestros productores por la calidad, la seguridad alimentaria, el bienestar animal y el respeto al medio ambiente.
En este sentido, COAG considera que igualar la normativa europea con la canadiense en materia de seguridad alimentaria y producción agraria supondría un retroceso sin precedentes en los derechos de los consumidores, al tiempo que supondría una competencia desleal para nuestros agricultores y ganaderos en base a un modelo de producción como el de Canadá que permite la inyección de anabolizantes, antibióticos y hormonas de crecimiento en ganado.
“Las diferencias de concepción en la políticas de seguridad alimentaria entre la UE y Canadá son las responsables de que en la UE esté restringido el cultivo de transgénicos (mientras que Canadá sea el 5º productor mundial de los mismos), que en la UE esté prohibido el uso de ractopamina y otros promotores del crecimiento desde 1996 (mientras que en Canadá sigue utilizándose para el engorde de vacuno, porcino y pavos) y que en la UE estuviera prohibido hasta 2013 el uso de ácido láctico para la desinfección de canales bovinos, momento en el que sea autorizó como parte de las concesiones de la UE a EEUU en el marco de las negociaciones del TTIP”, argumenta Miguel Blanco, secretario general de COAG.
Blanco se apoya en “diversos estudios publicados” que avalan que la puesta en marcha del CETA tendrá un impacto especialmente negativo para los productores españoles de carne de vacuno, porcino, leche y cereales y para el 90% las denominaciones de origen protegidas en la UE. Además, añade Blanco, tendrá un fuerte impacto en el medio rural ya que prevé facilitar la privatización de los servicios públicos y prohibir la remunicipalización de los servicios privatizados.
Desde COAG subrayan que la coexistencia de ambos modelos es imposible porque, en realidad, poco importa que la UE tenga los estándares de calidad y seguridad alimentaria más altos del mundo ya que las empresas multinacionales de ambos lados del Atlántico utilizarán la cooperación regulatoria para rebajar los mismos de manera generalizada.
Fuente: Pueblo digital