El bienestar animal es un objetivo legítimo y compartido por el conjunto de la sociedad, incluidos los ganaderos. Sin embargo, en el debate público y en el diseño de las políticas europeas se repite una simplificación peligrosa: la idea de que las explotaciones pequeñas garantizan automáticamente mejores condiciones para los animales, y que por tanto, pueden asumir sin dificultad nuevas exigencias normativas. La realidad sobre el terreno es muy distinta.
Las pequeñas explotaciones no siempre disponen de los recursos necesarios para adaptarse a estándares cada vez más estrictos. Modernizar o renovar instalaciones, o modificar sistemas de producción exige inversiones económicas elevadas, personal cualificado y tiempo. Para muchos pequeños productores, estos requisitos suponen una carga desproporcionada. Lejos de mejorar el bienestar animal, una presión excesiva puede provocar el cierre de explotaciones familiares que durante generaciones han sostenido el tejido rural, el empleo local y la producción de alimentos de proximidad.
A esta situación se suma un contexto comercial profundamente desigual. La Unión Europea mantiene más de 50 acuerdos comerciales que permiten la importación de productos de origen animal procedentes de terceros países. Si la UE eleva unilateralmente sus estándares de bienestar animal sin exigir las mismas condiciones a los productos importados, el resultado es una clara desventaja competitiva para los productores europeos, y especialmente para los pequeños. Mientras aquí se asumen nuevos costes, sus competidores externos acceden al mercado europeo con normas menos exigentes. El riesgo es evidente: menos producción local y más importaciones, a menudo procedentes de sistemas productivos con menores garantías en materia de bienestar animal.
La incertidumbre se agrava por la falta de claridad de la Comisión Europea sobre las medidas de apoyo que acompañarán la revisión de la legislación. Sin un marco financiero definido, resulta imposible evaluar el impacto real sobre los productores y los consumidores. Los estudios son claros: no se pueden imponer costes adicionales exclusivamente a los agricultores sin que estos acaben repercutiendo en el precio final de los alimentos. Y aun así, los márgenes de los pequeños productores rara vez les permiten absorber estas subidas.
Aunque la Política Agrícola Común contempla programas para mejorar el bienestar animal, la propia Comisión reconoce que su presupuesto no será suficiente para cubrir todas las ambiciones políticas. En la práctica, esto significa que una vez más se espera que los pequeños productores hagan más con menos, asumiendo riesgos financieros que ponen en peligro la viabilidad de sus explotaciones.
Además, el campo no funciona al ritmo de los despachos. Los productores trabajan con los largos ciclos de la naturaleza. Una renovación completa de instalaciones o la adopción de nuevas prácticas requiere años para planificarse, ejecutarse y ofrecer resultados. Las familias productoras necesitan estabilidad normativa y plazos realistas para poder adaptarse. Si las reglas cambian con demasiada rapidez y los periodos de transición son insuficientes, las inversiones se vuelven inviables, especialmente para las explotaciones pequeñas.
Defender el bienestar animal no puede significar sacrificar a los pequeños productores. Si Europa quiere un campo sostenible, diverso y arraigado en el territorio, debe garantizar que las políticas de bienestar animal vayan acompañadas de apoyo financiero adecuado, coherencia comercial y seguridad jurídica. De lo contrario, el resultado no será una mejora del bienestar animal, sino la desaparición silenciosa de miles de explotaciones familiares.