Un embalse joven convertido en referente
El embalse de Alcollarín, en la provincia de Cáceres, no es una presa cualquiera. Su construcción se inició en 2010 y culminó en enero de 2015, tras un proceso de 5 años en el que se invirtieron 37,8 millones de euros procedentes de fondos FEDER de la Unión Europea. Con una capacidad máxima de 52 hectómetros cúbicos (52.000 millones de litros de agua) y una lámina de agua de 554 hectáreas.
El embalse cumplía tres objetivos estratégicos:
- Regular los caudales de los ríos Alcollarín, Ruecas y Guadiana, reduciendo riesgos de avenidas.
- Garantizar recursos de riego para miles de hectáreas dependientes del canal de Orellana, considerado la “arteria agrícola” de Extremadura.
- Dinamizar el entorno rural, con proyectos de turismo de naturaleza, pesca deportiva y actividades de ocio.
El pantano pronto se transformó en un motor económico inesperado para localidades como Alcollarín, Zorita, Conquista de la Sierra y Abertura. Sus 25 kilómetros de costa ofrecían espacios para deportes náuticos, un embarcadero, zonas de baño, instalaciones lúdicas y un edificio de hostelería. Incluso se rehabilitó un palacio del siglo XV para convertirlo en hotel, con la idea de consolidar un atractivo turístico permanente.
A nivel ambiental, el embalse se convirtió en refugio para aves acuáticas que hasta entonces carecían de espacios de reposo en la zona. Durante las migraciones, bandadas de grullas, cigüeñas y anátidas encontraban allí un hábitat ideal. Para muchos vecinos, el pantano representaba un renacer de la comarca: agua, turismo, pesca y biodiversidad convivían en equilibrio.
Todo cambió en apenas unas semanas de 2025.
El origen del problema: un pez invasor
La amenaza se llama Pseudorasbora parva, conocido como pez chino o gobio de boca súpera. Originario de Asia, este pequeño ciprínido de apenas 4-6 centímetros llegó a Europa en los años 60, principalmente asociado a importaciones de carpas para acuicultura. Su gran capacidad de adaptación le permitió colonizar más de 30 países en apenas medio siglo.
En España, se detectó en la cuenca del Ebro en 2002. 10 años después, las primeras muestras aparecieron en el río Alcollarín, a escasos kilómetros de donde años más tarde se levantaría la presa. En cuestión de pocos años se extendió por tramos del Guadiana, y según un el informe de inspecciones de la CHG del pasado año, el pez chino está totalmente instalado en la cuenca y las medidas de contención y control de las poblaciones se centran en el embalse de Alcollarín y aguas arriba del mismo, para impedir que la explotación del embalse propicie su dispersión.
Los científicos y gestores lo consideran una de las especies más dañinas de aguas continentales europeas porque:
- Compite con especies autóctonas como barbos, bogas o tencas, devorando huevos y alevines.
- Altera la cadena trófica, al consumir zooplancton y favorecer la proliferación de fitoplancton, lo que desencadena episodios de eutrofización.
- Es portador del patógeno Sphaerothecum destruens, conocido por diezmar poblaciones enteras de peces nativos.
En el embalse de Alcollarín, el pez chino se expandió con tal rapidez que llegó a representar más del 95% de la biomasa de peces, arrasando con la biodiversidad original. Ante esta situación, la Administración decidió actuar.
La decisión del MITECO
En 2024, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) encargó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) un plan de choque contra la invasión. El proyecto fue financiado con fondos europeos Next Generation y adjudicado por 953.313€ a la empresa madrileña Ingeniería y Diseños Técnicos SAU.
El plan establecía un horizonte de 30 meses con varias fases:
- Instalación de barreras y mallas en puntos críticos para frenar la dispersión del pez.
- Pesca eléctrica y despesques manuales para reducir la población invasora y rescatar especies autóctonas.
- Vaciado del embalse como medida final y extraordinaria, con el objetivo de “limpiar” el vaso de agua y facilitar la erradicación.
El contrato publicado en el BOE advertía expresamente:
“La presencia de una especie invasora de las características del Pseudorasbora parva debe ser tenida en cuenta durante la explotación de la presa […]. Se deberá tener especial cuidado para evitar una liberación masiva de individuos aguas abajo”.
Lo que sucedió, sin embargo, contradijo por completo lo previsto en los papeles.
De un control a un problema multiplicado
Durante el verano de 2025, la CHG ejecutó la fase más polémica: el vaciado total del embalse. En apenas semanas se liberaron 50.000 millones de litros de agua, equivalentes al consumo anual de más de 1,5 millones de hogares españoles.
Las consecuencias fueron inmediatas:
- Las barreras instaladas colapsaron, incapaces de retener a miles de peces que escaparon por el cauce.
- Cientos de miles de ejemplares de pez chino se dispersaron hacia el Ruecas y el Guadiana, ampliando su área de invasión.
- El embalse quedó convertido en un desierto acuático, con el vaso cubierto de peces muertos, tanto invasores como autóctonos.
- El olor nauseabundo llegó hasta el casco urbano de Alcollarín, generando malestar entre los vecinos.
- La avifauna acuática emigró de forma abrupta, abandonando un hábitat en el que se habían asentado durante años.
- El turismo de naturaleza y la pesca recreativa se desplomaron, cortando de raíz un flujo económico para la comarca.
- Lo que debía ser una operación quirúrgica se convirtió en una chapuza ambiental que multiplicó el problema.
Indignación vecinal y memoria de agravios
La reacción ciudadana no se hizo esperar. Vecinos de Alcollarín, Zorita, Conquista de la Sierra y Abertura se organizaron para denunciar lo que califican de “desastre anunciado”. Muchos recordaron que cuando se construyó el pantano ya perdieron sus tierras fértiles bajo las aguas. Ahora, tras adaptarse al nuevo uso del embalse, se encuentran de nuevo despojados de un recurso que consideraban suyo.
El exdirector general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, Paco Castañares, fue uno de los más contundentes: “El vaciado se ha hecho tan mal que lo único que han conseguido es liberar a cientos de miles de ejemplares aguas abajo. Es el ejemplo perfecto de cómo una gestión deficiente puede transformar un problema localizado en una catástrofe ambiental a gran escala”.
Una contradicción en la gestión del agua
El contraste que más indigna a los vecinos es el doble rasero en la gestión del agua. Mientras la CHG liberaba 50.000 millones de litros de golpe en Alcollarín, lanzaba una campaña de concienciación con el lema: “No es solo una trampa. Es un delito”.
La iniciativa denunciaba que agricultores manipulaban contadores para extraer agua de forma ilegal, con un consumo fraudulento de 1.200 millones de litros. Una cifra grave, pero que se queda en nada frente al volumen liberado en el pantano: más de 40 veces superior.
El mensaje oficial es contradictorio: por un lado, la Administración insiste en que cada gota cuenta, que no se puede tolerar ni un metro cúbico fuera de control y que cualquier práctica irregular será perseguida con sanciones ejemplares. Por otro lado, la misma institución decide vaciar un embalse entero en un proceso fallido que, además de provocar un daño ambiental, ha dilapidado un recurso que podría haber abastecido durante meses a los regantes de la comarca o a miles de hogares extremeños.
Los críticos subrayan el paralelismo escandaloso: mientras se criminaliza a pequeños regantes por consumos ilegales (muchas veces justificados por la necesidad de salvar cultivos en plena sequía), el propio organismo gestiona con mano laxa recursos que equivalen a décadas de consumo doméstico en la zona.
Además, existe un efecto de deslegitimación: campañas como “No es solo una trampa. Es un delito” pierden fuerza ante los ojos de la ciudadanía cuando el mismo organismo es percibido como derrochador. Alcollarín es la realidad de la fractura profunda entre la administración y la España rural que depende del agua para sobrevivir.
El sector primario al límite: denuncias de la AIVE
La indignación se amplifica con las denuncias de la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE), que agrupa a agricultores, cooperativas, bodegas y empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. El colectivo acusa a la CHG de haber convertido la gestión del agua en un “instrumento recaudatorio”, imponiendo sanciones millonarias y recortes de dotaciones imposibles de asumir.
Las cifras hablan por sí solas: en apenas 3 décadas, las concesiones para riego han pasado de 7.500 metros cúbicos por hectárea a tan solo 1.270. Una reducción del 83% que ha dejado en jaque a explotaciones agrícolas históricas, en una región donde el campo es motor económico y cultural.
El Acuífero 23, declarado sobreexplotado en 1987 y hoy renombrado como Mancha Occidental, es el epicentro de la polémica. Durante años ha soportado la presión de cultivos intensivos como viñedos, olivar, hortalizas y frutales, pero también ha sido objeto de un control administrativo férreo. La AIVE denuncia que en estas décadas se han recaudado cientos de millones de euros en sanciones, sin que exista transparencia sobre el destino final de esos fondos.
Por eso, han solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue las cuentas y el uso de ese dinero. Sospechan que podría existir un fraude sistemático, en el que las sanciones no revierten en la mejora de los acuíferos ni en el apoyo a los agricultores, sino que se utilizan con fines ajenos.
El malestar no es solo económico, sino también social: los agricultores denuncian sentirse “criminalizados” por regar viñas, cereal o frutales en una tierra donde la agricultura es casi la única alternativa de empleo. “Nos piden que sostengamos el medio rural y que apostemos por la sostenibilidad, pero al mismo tiempo nos recortan hasta dejarnos sin agua y sin futuro”, resume un portavoz de la asociación.
AIVE acusa a la CHG de actuar con “acoso y atropello”, más preocupada por sancionar que por gestionar. Y advierten: sin transparencia, sin auditorías y sin un cambio de rumbo, la agricultura manchega no resistirá. La sensación es que los agricultores y ganaderos cargan con restricciones draconianas, mientras las grandes decisiones institucionales (como el vaciado de Alcollarín) dilapidan recursos que serían vitales para sostener al sector.
Debate legal y silencio oficial
Hay voces expertas que advierten que la operación de Alcollarín podría vulnerar la Ley de Conservación de la Naturaleza, que prohíbe métodos masivos y no selectivos en la eliminación de fauna silvestre. No se trató solo de eliminar al pez invasor: también murieron miles de barbos, bogas y otras especies autóctonas, además de impactar sobre aves incluidas en planes de conservación.
A pesar de ello, el silencio del MITECO y de las principales organizaciones ecologistas resulta atronador. Ni se han publicado evaluaciones de impacto, ni planes de restitución, ni medidas compensatorias. Para los vecinos, se trata de un intento de minimizar el escándalo y esperar a que la indignación se diluya.
Una herida abierta en Alcollarín
Lo que debía ser una operación para erradicar una especie invasora se ha convertido en un símbolo de mala gestión ambiental y política. El embalse de Alcollarín, que hace solo unos meses era un espacio de vida y prosperidad, hoy es un secarral nauseabundo, con peces muertos y vecinos indignados.
Para los vecinos, Alcollarín ya no es solo un pantano vacío: es la metáfora de una comarca que se siente engañada y abandonada por quienes debían proteger su tierra.
El caso de Alcollarín es más que un error puntual. Es un aviso sobre los riesgos de confundir la lucha contra las especies invasoras con la improvisación, y sobre las consecuencias de una gestión incoherente del agua, el recurso más valioso en la España rural.