El procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha instado este miércoles a incrementar la inspección y el control de los requisitos medioambientales que deben cumplir las macrogranjas de ganado porcino.
Quintana ha firmado esta resolución a raíz de la presentación de varias quejas sobre los proyectos de instalación de explotaciones industriales de ganado porcino, de gran tamaño, en varias localidades de las provincias de Zamora y Soria.
Ante el impacto medioambiental que podría suponer su proliferación, ha solicitado información a la Junta de Castilla y León, así como a las Confederaciones Hidrográficas del Duero y del Ebro al ser los organismos de cuenca de referencia.
Tras analizar la documentación remitida, se ha acreditado un incremento exponencial de las exportaciones (un 42,6% en el período 2015-2019), principalmente a países fuera de la UE, fundamentalmente a China (un aumento del 50% en 2018-2019) y Filipinas (un 12,4% en ese período).
Estos datos «seguramente hayan determinado el aumento del número de explotaciones de gran tamaño que requieren disponer de una autorización ambiental integrada que debe otorgar la administración autonómica», ha afirmado en su resolución.
Según los datos facilitados por el órgano medioambiental, existen actualmente 591 explotaciones de ganado porcino que requieren este tipo de autorización por su capacidad, concentrándose las dos terceras partes de estas en las provincias de Segovia (20%), Soria y Valladolid (16,5% cada una), y Burgos (14,4%).
Durante el periodo 2016-2018 se han aprobado 80 proyectos (un 13,5% del total), de los cuales más de la mitad se encuentran en tres provincias: Salamanca (21), Soria (15) y Segovia (13), sin perjuicio de las modificaciones no sustanciales de autorizaciones ambientales integradas, y que permiten en la mayor parte de las ocasiones un incremento del número de cabezas de porcino autorizado.
Por todo ello, ha formulado una resolución dirigida a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Fomento y Medio Ambiente, en la que recomienda minimizar el impacto de los purines y del estiércol que se generan.
En esta línea, ha urgido a fijar un calendario de inspecciones de las instalaciones que albergan las explotaciones porcinas sujetas a autorización ambiental integrada orientadas a implantar las mejores técnicas disponibles recogidas en el Anexo de la Decisión de Ejecución (UE) de la Comisión, de 15 de febrero de 2017.
Por otro lado, el Procurador del Común ha llamado a la Junta a aprobar tanto el decreto de designación de las zonas vulnerables a la contaminación causada por los nitratos, como el código de buenas prácticas agrarias.
«Debe valorarse la aplicación de una moratoria para la instalación de nuevas granjas de porcino o el incremento de la capacidad de las ya existentes en aquellas zonas que se declaren vulnerables a la contaminación», ha señalado.
De igual forma, ha considerado que «se debería exigir la implementación de herramientas informáticas que permitan controlar el depósito de las deyecciones ganaderas en las tierras de cultivo agrícola».
Finalmente, ha apuntado a medidas específicas de apoyo para garantizar la implantación en ellas de plantas de generación eléctrica o de biogás con el fin de que «pueda llevarse a cabo un sistema alternativo del tratamiento que permita reducir la carga contaminante de los purines y deyecciones».
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