La reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara nulas las nuevas tablas de densidad aprobadas en 2023 para lechones destetados y cerdos de producción ha provocado una reacción unánime de satisfacción en el sector ganadero. La resolución invalida el apartado 4 de la disposición final cuarta del Real Decreto 159/2023, que obligaba a incrementar la superficie mínima por animal en las granjas. Tanto organizaciones agrarias como administraciones autonómicas han celebrado un fallo que consideran un punto de inflexión para la ganadería intensiva española.
Una normativa anulada por falta de rigor económico
El Supremo estima los recursos presentados —entre ellos el de la empresa navarra Granja Los Alecos— y concluye que el Ministerio de Agricultura aprobó el cambio normativo sin una Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) mínimamente rigurosa. Según la sentencia, el Gobierno defendió que la medida tendría un impacto “nulo o mínimo”, algo que los magistrados califican de “irreal”.
El Alto Tribunal subraya que exigir más metros cuadrados por cerdo tiene una “innegable repercusión económica”, y que la falta de un análisis serio constituye un vicio de procedimiento suficiente para anular la norma. Como consecuencia, desaparece la obligación de adaptar las instalaciones antes de 2025 y la referencia vuelve al marco previo: el Real Decreto 1135/2002.
Una victoria para la seguridad jurídica y la viabilidad del sector
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha calificado la decisión como “una victoria para la seguridad jurídica del sector” y como un respaldo rotundo a las alegaciones que presentó desde el inicio del proceso.
Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG, destaca que la sentencia confirma lo que la organización venía denunciando: no se pueden imponer obligaciones que ponen en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones sin una evaluación económica seria.
“No estamos en contra del bienestar animal; somos los primeros interesados. Pero las medidas deben diseñarse con sensatez, diálogo y rigor técnico”, señala Bernis. “El fallo desmonta la narrativa de que estas medidas eran inocuas. Cualquier reducción de densidad implica menos animales o fuertes inversiones en obra civil”.
COAG aprovecha la sentencia para advertir que el Real Decreto 809/2025, que modificó el RD 159/2023 sin incorporar la memoria económica requerida, continúa en vigor sin sustento jurídico sólido. Por ello exige su derogación inmediata o una revisión integral acompañada de un informe económico completo y transparente.
El papel lo aguanta todo, el ganadero no
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), por su parte, celebra que el Supremo haya puesto “negro sobre blanco” sobre lo que el sector llevaba un año denunciando: que el Ministerio legisló “a golpe de decreto” sin cuantificar el impacto real sobre las explotaciones. La organización resume el efecto que habría tenido la norma anulada:
- Obligar a reducir cabaña, y por tanto, ingresos directos.
- O bien, acometer inversiones superiores a 300.000€/granja para ampliar instalaciones.
Según sus estimaciones, la aplicación de las nuevas densidades habría supuesto una pérdida nacional de entre 4 y 8 millones de cerdos anuales, equivalente a un recorte del 7% al 16 % de las plazas productivas.
ASAJA afirma que la sentencia aporta oxígeno al sector y sirve como advertencia para futuras regulaciones ambientales o de bienestar animal: cualquier cambio que afecte a los costes de producción debe ir acompañado de una memoria económica realista.
Respaldo a una postura que venía defendiendo desde el principio
El Gobierno de Aragón, primera comunidad productora de porcino en España, también ha valorado positivamente la sentencia. Para el consejero Javier Rincón, el fallo “confirma que las cosas deben hacerse con sentido común y basándose en datos”.
Rincón insiste en que Aragón ha defendido siempre una posición equilibrada que compatibilizara bienestar animal y viabilidad económica, y recuerda que la norma anulada habría incrementado notablemente los costes para un territorio que produce más de 15 millones de animales al año y cuyo sector porcino supera los 2.200 millones de euros en exportaciones.
El Ejecutivo autonómico subraya que futuras normativas deberán incluir análisis económicos completos que garanticen seguridad jurídica y estabilidad para una actividad clave en el medio rural.
Un antes y un después para la elaboración de políticas ganaderas
Tanto COAG como ASAJA —y también el Gobierno de Aragón— coinciden en que esta sentencia marca un punto de inflexión en la forma de legislar en materia ganadera. La resolución deja claro que:
- No pueden aprobarse normas con impacto productivo sin un estudio económico serio.
- La planificación ganadera exige diálogo real con el sector.
- La seguridad jurídica es imprescindible para garantizar la viabilidad de miles de explotaciones familiares.
COAG pide ahora al Ministerio que abra un proceso de diálogo profundo para diseñar una regulación equilibrada y asumible; ASAJA llama a mantenerse vigilantes ante futuras iniciativas legislativas; Aragón destaca la necesidad de regulaciones basadas en datos y evaluaciones rigurosas.
Seguridad jurídica reforzada y llamada al diálogo
La sentencia del Tribunal Supremo no solo invalida unas tablas de densidad consideradas inviables, sino que establece un criterio jurídico claro: sin memoria económica, no puede haber regulación con impacto real en el sector.
El fallo ha devuelto certidumbre a los ganaderos, ha frenado una norma calificada de inviable y ha obligado a las administraciones a replantear cómo diseñan las políticas de bienestar animal y sostenibilidad.
El mensaje del sector es unánime: sí al bienestar animal, sí a la mejora continua… pero siempre con planificación, rigor técnico y evaluación económica que asegure el futuro de la ganadería española.