El número de explotaciones agrarias en España en la primera década del siglo XXI se ha reducido un 23,2%. En valores absolutos, las CC.AA que han sufrido un mayor abandono han sido Comunitat Valenciana (49.460), Andalucía (48.200) y Galicia (37.050), según el estudio de las organizaciones, Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, (COAG-CV), Fundación Mundubat, Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià junto a la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que han presentado ante las Corts valencianas. Asimimso, se destaca que la Superficie Agraria útil (SAU) debido al abandono de explotaciones, fenómenos urbanísticos y recalificación de los usos del suelo, ha disminuido un 9,2%, lo que equivale a 2,4 millones de hectáreas. En 10 años, se han perdido 659 hectáreas cada día, mientras que la media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18%.
En este sentido, el incremento se ha concentrado entre las explotaciones de tamaño medio-grande. La pequeña explotación (menos de 5 ha) representa el 52% del total estatal pero sólo el 4,3% de la superficie. La mediana explotación (entre 5 y 70 ha) representa el 40,8% de las explotaciones con el 32% de la tierra. La gran explotación (entre 70 y 500 ha) representa la mayor parte de la tierra cultivada (46%). Y la propiedad latifundista (más de 500 ha) que acapara el 17% de la superficie pero sólo suponen el 0,44% de las explotaciones.
El precio de la tierra o la falta de relevo generacional inciden en estos resultados
Según Fernando Fernández, investigador de Mundubat y coautor del estudio, “los cambios en el uso del suelo son evidentes; los procesos de urbanización, la expansión de las áreas industriales, la construcción de grandes infraestructuras, y el destino de áreas territoriales a la explotación energética van presionando progresivamente sobre la tierra agraria. Pero en la pérdida de tierra agraria inciden otros factores como el precio de la tierra, la falta de relevo generacional, o los mecanismos de cese en la actividad”.
Los datos del estudio muestran una estructura de la tierra que además es injusta desde el punto de vista de sexo y edad. Carmen González, Secretaria de organización de COAG CV, ha denunciado que “las mujeres sólo son propietarias del 23% de la tierra”.
Mientras que, en palabras de Mireia Vidal, responsable de jóvenes y agricultura ecológica de esta Organización Profesional Agraria valenciana, “los y las jóvenes tan sólo son titulares del 6,6% de la tierra, cuando las personas de más de 55 años son titulares del 51% de la tierra. Comarcas como l’Horta, Safor o Camp de Morvedre se encuentran entre las más envejecidas de todo el Estado”.
Desde la representación de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, realizada por el miembro de Per l’Horta, Javier Canales, se ha enfatizado en el trabajo necesario por proteger el espacio agrario de los diferentes ataques y fenómenos de concentración y acaparamiento, “defendiendo el papel de llauradores y llauradors como garantes de su protección”.
Soluciones para intentar invertir esta tendencia
Las organizaciones promotoras del estudio consideramos necesario el abordaje global de una política de tierras pública, activa, justa, social y sostenible acorde con los retos de futuro a los que se enfrenta la sociedad en general, y el medio rural y el sector primario en particular. Desarrollar y aplicar cada una de las medidas propuestas exige un análisis pormenorizado y un debate intenso que proponemos desarrollar en diálogo con las organizaciones sociales representativas.
Los principales objetivos de esta política de tierras deberán ser definidos de manera concreta, pero las organizaciones citadas consideran que deben girar en torno a frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola y garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural.
Asimimso, se aboga por favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra; evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos; proteger el suelo agrario y la calidad del suelo agrario, es decir, su fertilidad y capacidad de conservar biodiversidad; y asegurar su uso de manera que garantice el equilibrio territorial.
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