Por ello reclama que la Administración lleve a cabo una actuación contundente para detectar las irregularidades y poner a disposición de la justicia a sus responsables para que se depuren todas las responsabilidades a que haya lugar, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores, la competencia leal de las empresas y la idoneidad de los productos puestos en el mercado.
Anice y sus empresas lamentan profundamente esta circunstancia, que es responsabilidad única de quienes infringen la ley, pero que perjudica seriamente la imagen de una industria cárnica que trabaja de forma responsable para comercializar únicamente productos seguros y de calidad. Todo ello mediante la mejora continua de los procesos de producción, el control y la información y etiquetado apropiado de los productos puestos en el mercado. «Por ello, el sector es el primer interesado en que se detecte, investigue y corrija con eficacia cualquier posible actuación fraudulenta en la cadena de producción y distribución de carnes y productos derivados para restaurar la confianza de los consumidores», indican desde la asociación.
Intervención de jamones y embutidos ibéricos en mal estado
La Guardia Civil intervino en un polígono industrial de Fuente Vaqueros (Granada) 10.700 piezas de jamones y embutidos de cerdo ibérico envasados y congelados en mal estado de conservación, muchas de las cuales presentaban signos de putrefacción y otras llevaban caducadas desde 2015.
La operación se llevó a cabo el pasado 26 de junio, cuando una patrulla de la Guardia Civil interceptó cerca del polígono La Fuente un camión frigorífico cargado con 25 palés de jamones ibéricos y embutidos de cerdo ibérico congelados que presentaban anomalías en el etiquetado y, algunas de las piezas, también síntomas de putrefacción, ha informado hoy el instituto armado en un comunicado.
El camión interceptado se dirigía a una nave industrial cercana a la que los agentes se desplazaron para inspeccionarla.
Una vez allí encontraron dos grandes cámaras frigoríficas que almacenaban 10.700 piezas entre jamones y embutidos de cerdo ibérico congelados que presentaban las mismas anomalías que las piezas intervenidas en el camión.
Muchas estaban caducadas desde el año 2015, otras ni siquiera tenían fecha de caducidad, algunas estaban visiblemente podridas, no había albaranes que acreditaran la procedencia ni el destino del producto y algunas de las etiquetas inspeccionadas presentaban indicios de haber sido manipuladas, según la Guardia Civil.
La Guardia Civil inmovilizó la mercancía al considerar que podría suponer un riesgo para la salud pública y alertó a la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía.
La inspección del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada ratificó posteriormente las medidas cautelares tomadas por la Guardia Civil respecto de los jamones y embutidos intervenidos, y ordenó su destrucción por suponer un riesgo para la salud pública.
La Guardia Civil continúa las investigaciones para determinar si los propietarios de los jamones y de los embutidos intervenidos han podido incurrir en un delito contra la salud pública.
Itinerario de las investigaciones
La mayor trama de venta de comida en mal estado jamás conocida en España está siendo investigada por los tribunales de Alzira (Valencia) y Fregenal de la Sierra (Badajoz) después del hallazgo de más de 900.000 kilos de carne en mal estado almacenada en seis naves clandestinas de Extremadura y Valencia en el último año. Esta nave en Granada sería la séptima.
La red delictiva almacenaba carnes y jamones procedentes de devoluciones que se recogían de los supermercados, almacenes y mataderos y que debían ser destruidos. Pero en lugar de incinerarlos, como establece la ley, un grupo de empresas las desviaba a naves clandestinas, donde se reenvasaban y reetiquetaban como producto nuevo para introducirlos de nuevo en el mercado.
Hasta ahora, hay una decena de empresas imputadas y una treintena de sociedades investigadas.
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