UPA Zamora
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Zamora ha difundido un comunicado en el que pide el apoyo de las Administraciones públicas para los profesionales del campo que pueblan el mundo rural, en cuestiones como la puesta en marcha de granjas de cerdos, y les ruegan que «no sean rehenes de los dictados que quieren imponer urbanitas y domingueros».
Reclaman «sentido común y responsabilidad» a las administraciones locales, regional y central para que sus políticas impulsen la actividad económica bajo los parámetros legales que rigen en cada momento, «pero teniendo en cuenta la importantísima labor social y económica que desempeñan quienes viven los 365 días en los municipios pequeños y medianos». Recuerdan que el despoblamiento rural es el principal problema de una provincia como Zamora, donde los pueblos se quedan sin gente y donde, en muchos casos, el número de censados no se ajusta a la realidad oficial en cuanto a las personas que habitan a diario en esos núcleos rurales.
Por esos motivos, UPA Zamora reclama a los ayuntamientos, a la Junta de Castilla y León y al Ministerio «actuaciones en defensa de lo rural» y reivindican «el trabajo y la labor que desempeñan quienes viven y generan economía en los pueblos los 365 días del año». En este sentido, reclaman a las autoridades políticas que «no hagan la vida imposible a los agricultores y ganaderos dejándose llevar por los dictados de urbanitas, domingueros y veraneantes que desean que su pueblo «no sufra», por ejemplo, del ruido de tractores cuando esporádicamente visitan algún núcleo rural».
En este sentido, el sindicato agrario exige a las administraciones «que apoyen y respalden cualquier proyecto de granja porcina que esté impulsada por un ganadero que quiera iniciar una actividad empresarial que permita sacar adelante a una familia». La organización también ve con buenos ojos la actividad económica que quiera desarrollar una empresa del sector porcino en la provincia «siempre y cuando las administraciones competentes le reclame un compromiso expreso de instalar un matadero o sala de despiece que genere puestos de trabajo en el municipio donde se establezca».
UPA considera que «las granjas porcinas pueden ser la tabla de salvación de jóvenes que deseen incorporarse al sector ajustándose a las escrupulosas, innumerables y exigentes normativas de bienestar animal, medioambientales, sanitarias y de todo tipo que hoy en día deben cumplir este tipo de explotaciones, con unos estrictos estándares de seguridad y trazabilidad que garantizan la sostenibilidad de todo el proceso productivo». Una vez más, recuerdan a los responsables políticos de todas las administraciones que la ganadería es o puede ser fuente principal o complementaria de la renta de explotaciones familiares agrarias, que son las que fijan población en el medio rural dada su vinculación profesional y de manejo diario.
Movimiento contra las macrogranjas acusa a los políticos de «ceder ante el lobby cárnico»
La Coordinadora Pueblos Vivos de Zamora ha anunciado la presentación de alegaciones a la consulta pública lanzada por el Ministerio de Agricultura del proyecto de Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas intensivas.
Un borrador cuestionado por las asociaciones vecinales y plataformas contra las grandes granjas industriales de cerdos que se proyectan en distintas comarcas zamoranas en la medida que «favorece» los intereses de los «lobbies cárnicos».
Así lo denunciaron ayer representantes de las plataformas de Tierra de Alba, Toro y su Alfoz, Tábara y Tierra de Campos durante una rueda de prensa donde anunciaron la solicitud de reuniones con los responsables de la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la Junta, que tienen «algún tipo de responsabilidad en la promoción, autorización y vigilancia de las explotaciones porcinas de producción industrial; granjas que están invadiendo la provincia zamorana, en un goteo incesante de proyectos del que no se libra ninguna de las comarcas, y que se ha hecho mucho más evidente durante 2018».
Los representantes vecinales asegura que las instituciones «están para defender a la provincia y no ceder a las presiones de los lobbies cárnicos multinacionales que mandan carne de cerdo a China o a Rusia permitiendo la instalación indiscriminada de grandes granjas porcinas sin obligarles a tratar las basuras que generan. Necesitamos que nos defiendan de la invasión de estas grandes empresas que van a convertir nuestro territorio en una basura» expresó Marisol Gómez, de Tierra de Alba.
Los colectivos critican el borrador de ordenación del porcino porque, en palabras de Pedro Luis Anta, «no hace referencia a las buenas prácticas agrarias a la hora de aplicar los purines y facilita aún más el establecimiento de grandes granjas «con medidas como ampliar la capacidad de 360 a 420 UGMs (unidad de ganado mayor) en el grupo segundo para que no necesiten autorización ambiental». En el caso del cebo, el portavoz de la plataforma de Tierra de Campos aseguró que esta medida se traduce en que «pasamos de 2.500 a más de 3.500 plazas que no van a necesitar autorización ambiental». Echan en falta también más controles en materia de bioseguridad, sanidad animal y medioambiente.
La Coordinadora Provincial Pueblos Vivos de Zamora incide especialmente en la «mala gestión de los purines, pues mientras en otros sitios se gastan miles de millones en depurar las aguas aquí no hacen nada para parar a las industrias» denunció Marisol Gómez. «No queremos que viertan la mierda en nuestros territorios, contaminando acuíferos» y pusieron el ejemplo de un pueblo de Segovia donde «no se puede beber el agua por contaminación de nitritos de origen animal».
Los vecinos ven peligrar el futuro saludable de sus municipios, la agricultura y la ganadería locales, con granjas intensivas industriales «que se presentan falsamente como una alternativa económica. Son un foco de contaminación del agua, la tierra y el medio ambiente, y la falta de garantías en el control administrativo y técnico, que ejerce principalmente la Junta de Castilla y León, unido a normativas laxas en materia de protección del medio natural, no ofrecen precisamente motivos para la tranquilidad y la confianza de los zamoranos».
Acusan a la Diputación de mantenerse «impasible, como si la problemática surgida en la provincia no fuera con una institución cuya principal misión es atender, ayudar y asesorar a los municipios de menos de 20.000 habitantes» y hacer «oídos sordos a la petición de ayuda de los vecinos». Las plataformas recuerdan.
Fuente: La opinión de Zamora
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