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La reciente publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación porcina de Cidones, en Soria, ha vuelto a poner sobre la mesa un problema recurrente en el sector ganadero: la excesiva lentitud en la tramitación de permisos. En este caso, la declaración favorable, llega tras un largo proceso iniciado en 2017. Mientras que la producción porcina sigue siendo un motor clave de la economía rural, los interminables procesos administrativos frenan la inversión y la creación de empleo en muchas regiones de España.
El caso de Cidones no es único. La burocracia y los largos plazos administrativos se han convertido en una barrera para los ganaderos que desean ampliar o iniciar nuevas explotaciones. En Castilla y León, PP y Vox han rechazado en las Cortes una proposición no de ley presentada por el PSOE para establecer una moratoria de 6 años a la aprobación de nuevos proyectos de granjas porcinas en Castilla y León, pretendiendo paralizar los cerca de 80 expedientes que están a la espera en este momento y que supondría dar luz verde a la cría de unos 330.000 nuevos cerdos Sin embargo, los tiempos de espera para obtener luz verde son inaceptables, lo que genera incertidumbre y frustra a los empresarios del sector.
Un sector clave para la economía española
España es uno de los líderes mundiales en la producción y exportación de carne de cerdo. En 2023, más del 55% de la producción nacional se destinó a la exportación, consolidando al país como el principal proveedor de carne porcina en la Unión Europea y uno de los principales actores en mercados internacionales como China. Este éxito no es casualidad, sino el resultado de un sector que ha sabido modernizarse e innovar, garantizando altos estándares de calidad y sostenibilidad.
Sin embargo, la falta de agilidad en los trámites administrativos pone en riesgo este liderazgo. Mientras que otros países europeos han optimizado sus procesos para facilitar el crecimiento del sector, en España los ganaderos deben enfrentarse a un sinfín de requisitos que retrasan las inversiones y limitan la competitividad del sector.
El impacto en el empleo y la despoblación rural
Uno de los efectos más preocupantes de esta burocracia es su impacto en el empleo y en la lucha contra la despoblación. La ganadería, especialmente la porcina, genera miles de puestos de trabajo en las zonas rurales, desde empleos directos en granjas hasta oportunidades en la industria de piensos, el transporte y la transformación cárnica.
El sector mantiene sus altas cifras y proporciona trabajo a más de 420.000 personas: ganaderos, veterinarios, transportistas, trabajadores de la industria y la distribución. De esa cifra, casi 155.000 corresponden a empleos directos, más de 172.000 son indirectos y cerca de 96.000 son inducidos. De esta forma, el empleo directo sector porcino, supone casi el 12% de todo el empleo que genera la agroalimentación en España.
En concreto, en los municipios de menos de 5.000 habitantes es el 35% del empleo de la industria del porcino. Cifras que se logra gracias a la presencia en esas zonas del 43% de las granjas de porcino españolas, así como del 45% de sus industrias.
Cada retraso en la aprobación de un proyecto significa menos empleos y menos oportunidades para los municipios que dependen de la ganadería. En un contexto en el que muchas localidades rurales ven cómo su población disminuye año tras año, frenar el desarrollo de explotaciones ganaderas solo contribuye a agravar el problema.
Sostenibilidad y regulación: ¿exceso de precaución?
Uno de los principales argumentos para la tardanza en las aprobaciones es la necesidad de garantizar el cumplimiento de normativas ambientales.
Las normativas actuales imponen requisitos estrictos en cuanto a gestión de residuos, uso eficiente del agua y reducción de emisiones. Sin embargo, la percepción pública sobre el impacto ambiental del sector porcino sigue siendo negativa en algunos sectores de la sociedad, lo que lleva a una aplicación excesivamente cautelosa de las normativas. En lugar de bloquear el crecimiento del sector, la solución pasa por agilizar los trámites sin comprometer la sostenibilidad, permitiendo que las explotaciones responsables puedan operar con seguridad jurídica.
¿Qué soluciones existen?
Para evitar que la burocracia siga siendo un freno para el sector porcino, es necesario tomar medidas concretas:
- Simplificación de los trámites administrativos: Reducir la duplicidad de documentación y establecer plazos claros y razonables para la resolución de expedientes.
- Digitalización y automatización de procesos: Implementar plataformas digitales que faciliten la gestión de permisos y agilicen la comunicación entre empresas y administraciones.
- Mayor coordinación entre administraciones: Evitar que los proyectos se estanquen debido a la falta de coordinación entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado.
- Reconocimiento del sector porcino como estratégico: Considerar su importancia económica y social para priorizar su desarrollo en la agenda política.
- Mayor inversión en divulgación: Combatir la desinformación sobre el impacto del sector porcino, destacando sus avances en sostenibilidad y bienestar animal.
El caso de la explotación porcina de Cidones es solo un ejemplo más de un problema estructural que afecta a todo el sector ganadero en España. Mientras la burocracia siga actuando como un freno para el crecimiento, se estarán perdiendo oportunidades de inversión, empleo y desarrollo rural.
Es hora de que las administraciones públicas entiendan que un sector porcino fuerte y dinámico es clave para la economía del país y que la sostenibilidad no debe ser una excusa para el inmovilismo. La modernización del sector pasa, necesariamente, por una administración más ágil, eficiente y comprometida con el futuro del campo español.
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