El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 15 un real decreto-ley que contiene un conjunto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la situación prolongada de sequía, que compromete las producciones. Las medidas aprobadas, que competen a 6 ministerios distintos (Agricultura, Pesca y Alimentación; Hacienda y Función Pública; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), se inscriben en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico y tienen como objetivo “contribuir al mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida de los precios de insumos y materias primas”, según ha destacado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Luis Planas ha señalado que se trata de un “potente” paquete de medidas, cuya estimación ha cifrado en 450 millones de euros, y que constituyen “un elemento más que el Gobierno pone a disposición del sector agrícola y ganadero para fortalecerlo frente a las dificultades para que siga suministrando alimentos”.
Desde el inicio del año hidrológico, en octubre de 2021, el valor medio nacional de las precipitaciones ha sido un 41,1 % inferior al valor normal, y la reserva hidráulica nacional, a 15 de marzo, se situaba en un 40,7 % de la capacidad de embalse total, 12 puntos por debajo de la media de los últimos 5 años. Además a lo largo del año 2021 las explotaciones agrarias han tenido que afrontar un incremento de los constes de producción, debido al encarecimiento de los precios de las materias primas y de la energía.
Medidas laborales
En materia laboral y de Seguridad Social, el real decreto-ley recoge medidas de liquidez, como son los aplazamientos especiales, para empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y para autónomos pertenecientes al Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia (SETA), de las cuotas a la Seguridad Social a un interés muy reducido, del 0,5% (7 veces inferior al habitual). En el caso de las empresas, los periodos de devengo serán entre los meses de marzo a mayo de 2022 y, para los autónomos, de abril a junio.
Asimismo, se autoriza una reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas, de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en el territorio de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Estos 2 son los territorios más afectados por la situación de sequía, ya que las reservas almacenadas en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana apenas alcanzan el 30%.
Se equipara la contratación como fijo discontinuo y la contratación eventual, a los efectos de acceso y determinación del derecho al subsidio para trabajadores eventuales agrarios y a la renta agraria.
Los trabajadores con contrato de fijo discontinuo incluidos en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social que desarrollen esta actividad en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando dejen de prestar servicios por haber finalizado o haberse interrumpido la actividad intermitente o de temporada de la empresa, o cuando se suspenda la actividad por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, o bien cuando, tras esas situaciones cesen involuntariamente en un trabajo eventual agrario, podrán tener la consideración tanto de trabajadores fijos discontinuos como de trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a efectos de la protección por desempleo siempre que reúnan los requisitos exigidos en cada caso.
Medidas fiscales y económicas
En relación con medidas de carácter fiscal, se aprueba una reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos). Se estima que esta medida beneficiará a 918.000 agricultores y ganaderos, y reducirá la base imponible en más de 500 millones de euros.
También se aprueba la exención de las cuotas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para determinados productores agrarios que reúnan ciertos requisitos.
En lo relativo a las medidas destinadas a la sostenibilidad de las explotaciones, el real decreto-ley recoge 2 actuaciones:
- En relación con la financiación de explotaciones agrarias, se pondrá a disposición de los operadores agrarios una línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación del principal de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros, que podrá movilizar más de 100 millones de euros en el sector.
- En relación con la financiación de avales en explotaciones agrarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) podrá poner a disposición de los operadores económicos, dentro de su ámbito de competencia, líneas de financiación de 2,7 millones de euros, en las que subvencionará, en régimen de concesión directa, el coste de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
En cuanto al seguro agrario, el Gobierno incrementará la dotación aprobada para el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, en la cantidad que sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación.
Además, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación, solicitará los anticipos de las ayudas y flexibilización de las condiciones de aplicación de la Política Agraria Común (PAC).
MEDIDAS EUROPEAS
Uno de los asuntos tratados en la reunión con los consejeros de Agricultura de las Comunidades Autónomas en el día de ayer y que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas detallará y propondrá a la UE el próximo lunes para amortiguar los efectos que la guerra en Ucrania está teniendo en el sector agroalimentario comunitario, será la flexibilización de los requisitos para importar cereales desde terceros destinos, si bien España ya aprobó el pasado lunes día 14 una resolución para la compra de maíz de Argentina y Brasil.
Por el momento, Planas da por resuelta esa necesidad de abastecimiento gracias a esa iniciativa que ha supuesto un paso adelante muy importante.
Su Gobierno también pedirá a las autoridades comunitarias la activación del artículo 219 de la Organización Común de Mercados (OCM) agrarios que permite dar apoyo a los países y a los mercados más afectados por una situación que perturbe gravemente su funcionamiento, como sería este conflicto bélico en curso.
Asimismo, reclamará una subida del porcentaje de anticipos de los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC) del ejercicio 2022; financiación, con cargo a los fondos del segundo pilar (desarrollo rural), de intervenciones de apoyo al sector primario y a las pymes agroalimentarias; o permitir de forma excepcional y temporal el cultivo de barbechos y de tierras de interés ecológico para obtener más cereales.
El consejo de ministros de Agricultura de la UE también abordará los requisitos de importación desde terceros destinos con el fin de avanzar en condiciones homologables a las que se piden a la agricultura comunitaria y, por otro lado, analizarán el proceso de recepción y análisis de los planes estratégicos de la futura PAC.