La Asociación de Gestores de Dehesas y Reforestaciones de Extremadura (Agedrex) considera un «idóneo punto de partida para empezar a trabajar» el anteproyecto de la Ley de la Dehesa de Extremadura presentado esta primavera. A diferencia de las organizaciones agrarias UPA-UCE, Apag y Asaja, que han exigido directamente la retirada del texto. Los gestores de dehesas lo ven como una oportunidad para «avanzar en un marco normativo común de referencia para los asuntos relativos a un ecosistema de primer orden para la región extremeña», ya que en su opinión la actual ley se encuentra «obsoleta y desactualizada» tras más de años desde su entrada en vigor.

Actualmente, el proyecto de la Ley de la Dehesa se encuentra en fase de exposición pública y aún debe someterse al trámite parlamentario en la Asamblea de Extremadura y al debate de posibles enmiendas antes de que sea aprobada definitivamente. El director ejecutivo de Agedrex, Raúl Cabello, indica en ese sentido que desde la asociación de gestores han realizado aportaciones «para mejorar el texto normativo», y matiza que el texto aún requiere un intenso trabajo entre todas las partes interesadas para lograr «una ley adecuada y perdurable en el tiempo», ya que considera que el sector se encuentra ante «una excelente oportunidad para favorecer la conservación, el mantenimiento y la puesta en valor de la dehesa y del conjunto de sectores que en ella conviven».

Esta posición contrasta en con la mantenida por los líderes de las principales organizaciones agrarias de la región, UPA-UCE, Apag y Asaja, que en una rueda de prensa conjunta ofrecida a principios del mes de mayo exigieron a la Junta que retire el anteproyecto porque, bajo su punto de vista, no cuenta con el consenso del sector, es excesivamente proteccionista, plantea una regulación desmesurada y generará más burocracia. Creen que antes de llevar el texto a la Asamblea de Extremadura se debería abrir un periodo de reflexión y diálogo con las organizaciones.

Tampoco le gusta nada el documento preliminar a la asociación de Ganaderos del Reino, que en un reciente y duro comunicado lo rechazó por «intervencionista, ruinoso y contrario a la conservación del medio ambiente». Dijeron no saber «a instancias de quién» se ha elaborado un anteproyecto que «ha sido total y rotundamente rechazado por todas las organizaciones agrarias sin excepción y por los colegios profesionales del sector». Es más, esta organización ganadera augura «la muerte de las dehesas extremeñas y todo su entorno rural, social y económico» si la ley sale adelante con su redacción actual, ya que «desincentiva la producción y rentabilidad privada de productos y servicios» mediante lo que califica como «un intervencionismo totalitario, propio de otras épocas».

Raúl Cabello, por su parte, considera que el proyecto de la nueva norma recoge algunas cuestiones «de gran interés» tanto para Agedrex como para la Federación Española de la Dehesa, entre ellas la puesta en marcha del Plan Integral de Gestión de la Dehesa, la creación de una marca de calidad asociada a la dehesa o la consideración de la dehesa como un sistema de explotación eminentemente ganadero, así como otros asuntos que «con un correcto enfoque pueden ser una verdadera oportunidad para que el conjunto de la dehesa extremeña sea generadora de riqueza económica, social, medioambiental y cultural».

Otros contenidos del anteproyecto de ley, además de los mencionados por el director ejecutivo de Agedrex, son crear líneas prioritarias de investigación y desarrollo para la dehesa, establecer un apartado propio para las dehesas en el Registro de Explotaciones Agrarias, impulsar el reconocimiento por parte de la Unesco como paisaje cultural de la humanidad, o crear un sistema de seguimiento de los daños producidos por la seca.

«La región extremeña necesita una norma que esté adaptada a los nuevos tiempos y englobe los diversos aspectos problemas que tiene este ecosistema, y que sea un marco de referencia para el desarrollo ulterior de los decretos que afecten de manera individual a cada ámbito de la dehesa como sistema multifuncional», apunta Raúl Cabello, quien está convencido de que «si el texto final es una ley adecuada a la realidad actual es probable que obtenga el consenso parlamentario oportuno».

La postura defendida por las organizaciones agrarias pasa por retirar por completo el texto y crear un grupo de trabajo en el que participen de manera activa todos los sectores a los que va afectar la ley, y en todo caso por el reducir la capacidad de intervenir de la administración en los negocios directamente relacionados con la dehesa.

Fuente: Hoy

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